Con el avance de la tecnología y de los medios a disposición de los ciudadanos, han aumentado los casos en los que las partes cuentan con grabaciones de conversaciones privadas que quieren aportar como prueba. Aunque existía un pensamiento generalizado de que estas conversaciones vulneraban el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, y que por tanto eran ilícitas, lo cierto es que nuestros tribunales han delimitado los casos en los que las mismas si podrán ser tenidas en cuenta como prueba válida en los procesos judiciales.

CUESTIÓN

¿Qué podemos entender por prueba?

Si acudimos al Diccionario del español jurídico de la RAE encontramos la siguiente definición de prueba: «Actuación procesal de parte, a través de los medios regulados en la norma procesal, por la que intenta acreditar los hechos que invoca como fundamento de su pretensión, con el propósito de acreditar al tribunal su certeza probatoria».

Con relación a estas grabaciones se ha planteado su posible colisión con diferentes derechos: derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 de la CE), derecho a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 de la CE), derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable (art. 24.2 de la CE), derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 de la CE)…

A este respecto podemos traer a colación la sentencia del Tribunal Supremo n.º 753/2024, de 22 de julio, ECLI:ES:TS:2024:4268, en la que nuestro Alto Tribunal realiza un análisis sobre la validez de este medio de prueba, a raíz de una grabación aportada por una de las partes a la fiscalía y que sirvió para sustentar la denuncia que dio lugar a la iniciación del procedimiento.