Una norma, pionera en el ámbito europeo, que regula un derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución, de gran importancia para la consolidación de las garantías legales de las personas ante los tribunales y administraciones públicas, y que constituye sin duda un logro de enorme relevancia para la abogacía, en cuanto que fortalece nuestra profesión y la afianza como un eslabón esencial en el funcionamiento de nuestro sistema de justicia.
Se recogen por fin en una Ley algunas de las piezas fundamentales que permiten garantizar el ejercicio libre e independiente de la profesión, como el amparo colegial, la conciliación de la vida familiar y profesional, la confidencialidad de las comunicaciones y el secreto profesional, y la publicación de unos criterios orientadores a los solos efectos de las tasaciones de costas y jura de cuentas, así como una serie de garantías y deberes en la prestación del servicio por los profesionales de la abogacía.