Por lo que respecta al asunto en cuestión, el Tribunal de Justicia destaca que el funcionario del registro civil italiano, en su condición de autoridad legalmente instituida, tiene competencia para declarar el divorcio de manera jurídicamente vinculante al hacer constar por escrito el acuerdo de divorcio redactado por los cónyuges, tras haber llevado a cabo un examen sobre el fondo. En efecto, el funcionario se asegura de que los cónyuges consienten de forma válida, libre e informada en divorciarse e igualmente verifica el contenido del acuerdo de divorcio a la luz de las disposiciones legales vigentes para cerciorarse de que dicho acuerdo se refiere únicamente a la disolución o la terminación de los efectos civiles del matrimonio, con exclusión de cualquier transmisión patrimonial o de que se vea implicado algún hijo que no sea mayor de edad y económicamente independiente. El Tribunal de Justicia concluye que efectivamente se trata de una «resolución judicial», en el sentido del Reglamento Bruselas II bis, que ha de ser automáticamente reconocida por el registro civil alemán